El Poder Judicial ha presentado una actualización del proyecto de ley que busca modificar la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva (Ley 26979).
El proyecto, de ser aprobado, facultaría al obligado en un procedimiento de ejecución coactiva a iniciar un proceso contencioso administrativo urgente (duración máxima de 60 días) para revisar su legalidad.
La sola presentación de la demanda suspendería la tramitación del procedimiento.
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